El acuerdo reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones, entre las cuales destacan las siguientes:
- Se precisan los criterios para la implementación del enfoque basado en riesgos, considerando actos u operaciones, tipo de persona cliente o usuaria, áreas geográficas, transacciones y canales (artículo 10 Septies 1).
- Se establece un orden de prelación para la identificación del Beneficiario Controlador de clientes o usuarios que sean personas morales (artículo 23 quinquies).
- Se define el perfil transaccional como el conjunto de elementos y características de las operaciones, incluyendo monto, frecuencia, área geográfica, origen y destino de los recursos, y actividad económica (artículo 3, fracción XI sexties).
- Se contempla a la aplicación denominada “Consulta PEP 2.0” como fuente de consulta para la verificación de Personas Políticamente Expuestas (artículo 23 Quáter 1).
- Se delimitan las funciones mínimas de los mecanismos automatizados, incluyendo consulta de datos, monitoreo del perfil transaccional, ejecución del modelo de evaluación de riesgos, sistemas de alertas, monitoreo del uso de efectivo, entre otros (artículo 41).
El acuerdo entrará en vigor de manera gradual a partir de noviembre de 2026.
Para mayor información se comparte el texto completo del acuerdo en referencia:
